Deutsche Bank estudia cerrar su negocio minorista en España

Los americanos y numerosos europeos, entre ellos el 90% de los portugueses, no conciben comprar, vender o alquilar una casa sin que medie la experiencia profesional de un agente de la propiedad inmobiliaria (API). Sin embargo, en España la situación del mercado aún dista mucho de parecerse a la de esos países. De hecho, aquí es todavía muy frecuente que los contratos de alquiler sean firmados exclusivamente por casero e inquilino o que la venta de una casa de segunda mano también se cierre finalmente con un acuerdo entre las partes.

¿Por qué el español es tan reacio todavía a contratar los servicios de un agente de la propiedad para que le asesore en la que para muchos es la compra más importante de su vida? Las razones hay que buscarlas en las malas prácticas que algunos intermediarios protagonizaron en el anterior boom.

La profesión de agente de la propiedad inmobiliaria fue completamente liberalizada en el año 2000 por el Gobierno del PP. De hecho, España, Holanda y Polonia son los únicos países de la Unión Europea donde para intermediar en la compraventa de inmuebles no se exige contar con ningún requisito.

Esto generó una situación que desde entonces vienen denunciando quienes sí se formaron y titularon como API, que además de realizar un examen para acreditar que lo son, deben contar con una dirección desde la que ejercer su trabajo y un seguro de responsabilidad civil de al menos 600.000 euros, entre otros requisitos.

“Entonces ya critiqué que para ser intermediario en el mercado de la vivienda bastaba con tener un móvil y poner anuncios en las farolas y ningún Gobierno, ni del PP primero, ni después del PSOE hizo nada”, recuerda ahora Jaime Cabrero, presidente del Colegio Oficial de API de Madrid.